Esto significó el cese de sus funciones del Comandante de turno; Policía Primero, Miguel S.S.; al Sub Oficial, Cristóbal V.G.; así como al Policía Segundo, José E.G.R.; a la Oficial, Gilda B.A.R.; y al Director de la Policía Vial Municipal, comandante Cirino S.V.

También, presentó su renuncia Marcos Fredy Hernández López, Director de Seguridad Pública, quien fue suplido por el Comandante Antonio Santiago Blanco; además, el Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino reiteró su compromiso de continuar trabajando por coadyuvar con la Fiscalía para determinar realmente lo ocurrido.

Ante estos hechos, la FGEO inició las investigaciones correspondientes, a través de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto, gracias a las cuales fue posible la detención de los imputados, quienes fueron presentados ante el Juez que conoce la causa.

Tras llevarlos a audiencia, con base en los datos de prueba aportados por la Fiscalía de Oaxaca, el Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso en contra de A.R.P. y J.J.S.C., por el delito de ejecución extrajudicial, además de que impuso la medida cautelar de prisión preventiva, otorgando cinco meses para el cierre de investigación complementaria.

En este caso en particular, la institución procuradora de justicia aplica las directrices del Protocolo de Minnesota, esto con el objetivo de garantizar una investigación exhaustiva, imparcial, independiente y transparente, por ello, colabora un equipo multidisciplinario y especializado que hace posible realizar labores integrales que garanticen que las víctimas directas e indirectas tengan acceso a la verdad jurídica de los hechos.

La Fiscalía de Oaxaca reitera la importancia de aplicar la perspectiva de derechos humanos que garantiza un adecuado proceso de procuración de justicia, pues una investigación eficaz de un caso en el que se presentó una muerte ilícita por un posible uso ilegal de la fuerza, funciona como un mecanismo de rendición de cuentas que permite -a las víctimas directas e indirectas, así como a la sociedad- acceder a una justicia restaurativa a través de garantizar plenamente el derecho a la verdad, la memoria y la reparación.